En la primera semana de diciembre, La Moneda repondrá en el Parlamento el proyecto de ley que crea la figura del Defensor de las Personas u Ombudsman, que fue rechazado el miércoles en la Cámara de Diputados por falta de quórum.Así lo reveló ayer el ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, tras reunirse con parlamentarios de distintas bancadas en La Moneda.
"Hemos recibido la petición de los diputados que representan distintos partidos en el sentido de reponer el defensor de las personas y esperamos hacerlo en la primera semana de diciembre, con discusión inmediata, de tal manera de que pueda ser votado antes de Navidad en la sala, donde esperamos que se alcance el quórum requerido que no se obtuvo la vez pasada por una serie de circunstancias que estamos ciertos no se van a volver a repetir", explicó el titular de Segpres.
El proyecto requiere una reforma constitucional y por ende, la aprobación de 3/5 de los diputados en ejercicio, es decir 71 sufragios, pero sólo recibió 64 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa -que buscaba resguardar los derechos de las personas ante actos u omisiones de los órganos estatales y privados responsables de la satisfacción de las necesidades públicas- fue rechazada por 25 diputados de la UDI más el RN Maximiano Errázuriz, lo que finalmente sepultó la tramitación del texto, que ingresó al Congreso el 4 de diciembre de 2003.
La votación gremialista generó fuerte rechazo en la presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, quien acusó a la bancada parlamentaria de la UDI y a algunos diputados de RN de no entender las necesidades de las personas.
A su juicio, "los parlamentarios son responsables de esta carencia en nuestra sociedad democrática no se han puesto en el lugar de sus propios electores, le han faltado el respeto a la ciudadanía y no entienden lo que significan los derechos ciudadanos, por lo que difícilmente podrán defender a las personas".
Consenso
En este escenario, ayer la diputada RN Karla Rubilar explicó que ya se aunaron voluntades para aprobar este proyecto de ley, que reingresará sin cambios a la cámara baja.
"Hemos logrado generar un tremendo consenso para reponer el proyecto del defensor del ciudadano, que es un proyecto que no puede dejarse de lado, no puede esperar y, por ende, hoy día diferentes parlamentarios de diferentes bancadas estamos representando nuestra voluntad de sacar adelante este proyecto por el bien del país", explicó Rubilar.
El diputado PPD Enrique Accorsi, en tanto, dijo que este órgano autónomo podría llevar adelante investigaciones como los casos no notificados de sida.
"Por ejemplo, en los casos de Sida que ha habido ahora, eso sería un trabajo que el defensor ciudadano podría asumir a plenitud, para hacer todas las investigaciones necesarias para llevar a cabo la investigación", agregó.
Según el proyecto de ley, el Defensor de las Personas será nombrado por la Cámara de Diputados, gozará de fuero e inamovilidad de su cargo en el que durará cinco años, pudiendo ser reelegido por un nuevo período y deberá tener al menos diez años de título profesional universitario.
El Ombudsman tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y personas que ejerzan actividades de servicios de utilidad pública. LN
"Hemos recibido la petición de los diputados que representan distintos partidos en el sentido de reponer el defensor de las personas y esperamos hacerlo en la primera semana de diciembre, con discusión inmediata, de tal manera de que pueda ser votado antes de Navidad en la sala, donde esperamos que se alcance el quórum requerido que no se obtuvo la vez pasada por una serie de circunstancias que estamos ciertos no se van a volver a repetir", explicó el titular de Segpres.
El proyecto requiere una reforma constitucional y por ende, la aprobación de 3/5 de los diputados en ejercicio, es decir 71 sufragios, pero sólo recibió 64 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa -que buscaba resguardar los derechos de las personas ante actos u omisiones de los órganos estatales y privados responsables de la satisfacción de las necesidades públicas- fue rechazada por 25 diputados de la UDI más el RN Maximiano Errázuriz, lo que finalmente sepultó la tramitación del texto, que ingresó al Congreso el 4 de diciembre de 2003.
La votación gremialista generó fuerte rechazo en la presidenta de la Comisión Defensora Ciudadana, Danae Mlynarz, quien acusó a la bancada parlamentaria de la UDI y a algunos diputados de RN de no entender las necesidades de las personas.
A su juicio, "los parlamentarios son responsables de esta carencia en nuestra sociedad democrática no se han puesto en el lugar de sus propios electores, le han faltado el respeto a la ciudadanía y no entienden lo que significan los derechos ciudadanos, por lo que difícilmente podrán defender a las personas".
Consenso
En este escenario, ayer la diputada RN Karla Rubilar explicó que ya se aunaron voluntades para aprobar este proyecto de ley, que reingresará sin cambios a la cámara baja.
"Hemos logrado generar un tremendo consenso para reponer el proyecto del defensor del ciudadano, que es un proyecto que no puede dejarse de lado, no puede esperar y, por ende, hoy día diferentes parlamentarios de diferentes bancadas estamos representando nuestra voluntad de sacar adelante este proyecto por el bien del país", explicó Rubilar.
El diputado PPD Enrique Accorsi, en tanto, dijo que este órgano autónomo podría llevar adelante investigaciones como los casos no notificados de sida.
"Por ejemplo, en los casos de Sida que ha habido ahora, eso sería un trabajo que el defensor ciudadano podría asumir a plenitud, para hacer todas las investigaciones necesarias para llevar a cabo la investigación", agregó.
Según el proyecto de ley, el Defensor de las Personas será nombrado por la Cámara de Diputados, gozará de fuero e inamovilidad de su cargo en el que durará cinco años, pudiendo ser reelegido por un nuevo período y deberá tener al menos diez años de título profesional universitario.
El Ombudsman tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y personas que ejerzan actividades de servicios de utilidad pública. LN
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