MONTEVIDEO (AFP) — Organizaciones a favor de despenalizar el aborto en Uruguay marcharon este viernes por el centro de Montevideo en protesta del veto a la ley que regulariza esta práctica, interpuesto por el presidente Tabaré Vázquez, e instaron a convocar a una consulta popular.
Bajo la consigna "la salud no se veta, los derechos no se vetan, la libertad no se veta", más de un millar de personas, en su mayoría mujeres, recorrieron la principal avenida en una colorida movilización a la que se dieron cita legisladores de los distintos partidos políticos.
Bajo la consigna "la salud no se veta, los derechos no se vetan, la libertad no se veta", más de un millar de personas, en su mayoría mujeres, recorrieron la principal avenida en una colorida movilización a la que se dieron cita legisladores de los distintos partidos políticos.
A ritmo de candombe, género musical surgido de la mezcla étnica y fusión de ritmos que imprimieron los negros africanos que llegaron como esclavos a las costas uruguayas, los activistas reclamaron ir a las urnas para poner un final "justo y democrático" al debate.
"Tabaré promotor del aborto clandestino. ¡Hipócrita!" y "Tabaré: a las mujeres de izquierda tu veto nos da vergüenza", señalaban algunas pancartas, mientras las 'Hermanas de la Perpetua Indulgencia', un grupo de jóvenes disfrazados de monja, rezaban al grito de "¡basta de rosario en nuestros ovarios!".
Vázquez, de profesión médico oncólogo, vetó el jueves junto a la ministra de Salud, María Julia Muñoz, los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que refieren a la despenalización del aborto, que había sido aprobada el martes por la Cámara de senadores por 17 votos en 30.
"Hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. Sin embargo, en los países en que se ha liberalizado el aborto, éstos han aumentado", señala la veda presidencial remitida en la jornada al Parlamento.
El mandatario fundamentó su observación "en razones de orden jurídico, científico y técnico; identidad filosófica y principios éticos", por las cuales la legislación "no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia".
Asimismo aseguró que el veto no tiene nada anormal, "tampoco hay razones para dramatizar esta situación, a no ser que se tenga una visión devaluada o tremendista de la democracia o se pretenda transformarla en un recurso publicitario con objetivos que podrán ser legítimos, pero extemporáneos".
De su lado, la ministra Muñoz explicó que acompañó el veto debido a que el debate "no formaba parte del programa" de la coalición de izquierda en el poder, Frente Amplio, e indicó que el presidente sustentó su postura en argumentos de carácter "ético, defensa del derecho a la vida y en el respeto a las convenciones internacionales que ha suscrito el país".
La ley, que había sido sancionada con los votos del oficialismo, habilita a la mujer a "decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez", alegando situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre.
Para levantar el veto presidencial se requiere 3/5 de los votos de los componentes de cada Cámara reunidos en Asamblea General, órgano que dispone de 30 días de plazo para expedirse, aunque de antemano se sabe que no se conseguirá reunir esa mayoría especial.
Según una encuesta de Interconsult publicada esta semana en la prensa local, el 57% de los uruguayos aprueba el aborto, 42% está en contra y 1% dice no tener posición sobre el particular.
En Uruguay se consuman anualmente 33.000 abortos, según datos que obran en poder del Parlamento y de la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar.
A nivel judicial se estima que la cifra real es más del doble y que la práctica clandestina deriva anualmente en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes.
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